El Agua de Los Pastores y su Problemática
Surge otra etapa de construcción, al hacerse cargo Antonio Chaparro; el pueblo acordó darle la concesión por 20 años para recuperar su inversión. Fue hasta 1935 cuando llega el agua a la cabecera municipal. La obra fue dirigida técnicamente por el ingeniero Rosenzweig y se contó con la asesoría del geólogo ruso Kosinguin. En épocas recientes los pueblos que tienen fuentes superficiales de agua, ya sea de manantiales y arroyos,
o de sus mantos subterráneos, han generado una serie de estrategias para la
defensa y conservación del recurso, no siendo el caso de la comunidad de Los Pastores. Éste es el escenario de una serie de conflictos
entre comunidades y ciudades en la contienda por el líquido. En este contexto, se han generado respuestas comunitarias para resistir a los
intentos por llevarse el líquido de sus localidades para atender la demanda
de las ciudades o para darle viabilidad al lucrativo negocio de la distribución
del agua potable. Estas respuestas ponen en debate la propiedad del agua como
un recurso de uso común que ha sido considerada por pueblos y comunidades
como parte de su patrimonio histórico y cultural, frente al derecho que tienen
los habitantes de las ciudades para disponer de agua potable.
El 23 de Febrero de 1965 se declara legítimamente constituida la Junta Federal del Agua Potable de la población de Temascalcingo. El sistema según registros cuenta con 11 km de acueducto y gran parte labrado en las rocas de los acantilados del río Lerma; atraviesa el río, barrancas, una montaña, un túnel, cuenta con depósitos, pozos y una red de distribución, se abastece pues de 9 manantiales, situados en la margen izquierda del río Lerma, cerca del antiguo molino y de la cascada de Los Pastores. Ahora no solo abastece a la cabecera si no a los barrios y comunidades que conforman todo el municipio, por lo cuál es importante rescatar esta obra y mejorarla a fin de que el servicio mejore y se mantenga sin sobreexplotar los mantos acuíferos, también poniendo énfasis a eliminar problemas que surjan con las comunidades de donde se extrae. Desafortunadamente a partir de este proceso de descentralización que sufre la distribución del agua, los gobiernos
municipales se convirtieron en actores centrales de la disputa de las comunidades,
pues, entre otras cosas, se les trasladó la responsabilidad de surtir de agua potable
a la población. Ello creó la expectativa de que bajo el control local se pudiera
abatir el rezago en esta materia, que se expresa en que en la actualidad un poco
más de 10% de la población del país no tiene acceso al servicio de agua. Junto
con la descentralización, se facultó a los ayuntamientos la concesión del servicio a
agentes privados. La posibilidad de adjudicar dicho servicio a empresas ha sido
fomentada por instituciones federales, en particular por la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y por compañías mexicanas y transnacionales interesadas
en el negocio de la distribución y operación del preciado líquido. El debate sobre el agua potable no sólo debería de ser un ejercicio académico en nuestra región,
sino que tiene implicaciones en términos de las políticas gubernamentales y
de la acción social. En efecto, de fondo hay una disputa entre quienes consideran
que el agua es un bien de dominio público y que le corresponde al Estado el
deber inalienable de su gestión, y la regulación de su uso o aprovechamiento
en función del interés público, y quienes sostienen que un
recurso escaso tiene que ser regulado por las leyes del mercado,
como argumentan empresas y gobiernos neoliberales. También están los grupos
y organizaciones sociales que defienden que el agua potable es un derecho de
la población y, sobre todo, un derecho de las comunidades en
cuyo territorio se extrae o genera el líquido. Esto implica organizarse entre los actores involucrados, tejiendo alianzas más allá del problema local: comunidades rurales y urbanas, trabajadores, organizaciones civiles y sociales.
La lógica de operación, distribución y tratamiento del agua de esta comunidad también debería de realizarse en función del ciclo natural de agua y no sólo de donde se extrae. No se puede
manejar por separado el servicio del líquido de una estrategia que incluya la
reforestación, la captación y la reinyección de agua de lluvia al subsuelo, la extracción
sustentable de pozos, el tratamiento de las aguas residuales y su disposición en los
cauces naturales, la protección de ríos y arroyos, etcétera. Por ello, no es posible
reducir las alternativas a solamente el pago de servicios o a políticas
compensatorias para comunidades de origen del agua.
Por último, la responsabilidad del servicio del agua potable está en manos de
los municipios, que pueden representar el eslabón más débil en los procesos de
privatización y exclusión, pero que también son un espacio donde la comunidades
tiene más capacidad de incidir; en ese sentido, espacios de transparencia,
rendición de cuentas y participación ciudadana pueden influir de mejor manera
cuando se acompañan con mayores atribuciones y capacidades para los gobierno
locales y la activa supervisión de las agrupaciones comunitarias.
Garduño Cervantes, Julio (1999), Monografía de Temascalcingo.
León Diez, Fabricio (2006), “Agua”, La Jornada, México.
Levi, Clara (2005), Lo que se dice del agua, Conagua, México.
Olson, Mancur (1992), La lógica de la acción colectiva, Limusa, México.
Ostrom, Elinor (2000), El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, UNAM/FCE, México.
El 23 de Febrero de 1965 se declara legítimamente constituida la Junta Federal del Agua Potable de la población de Temascalcingo. El sistema según registros cuenta con 11 km de acueducto y gran parte labrado en las rocas de los acantilados del río Lerma; atraviesa el río, barrancas, una montaña, un túnel, cuenta con depósitos, pozos y una red de distribución, se abastece pues de 9 manantiales, situados en la margen izquierda del río Lerma, cerca del antiguo molino y de la cascada de Los Pastores. Ahora no solo abastece a la cabecera si no a los barrios y comunidades que conforman todo el municipio, por lo cuál es importante rescatar esta obra y mejorarla a fin de que el servicio mejore y se mantenga sin sobreexplotar los mantos acuíferos, también poniendo énfasis a eliminar problemas que surjan con las comunidades de donde se extrae. Desafortunadamente a partir de este proceso de descentralización que sufre la distribución del agua, los gobiernos
municipales se convirtieron en actores centrales de la disputa de las comunidades,
pues, entre otras cosas, se les trasladó la responsabilidad de surtir de agua potable
a la población. Ello creó la expectativa de que bajo el control local se pudiera
abatir el rezago en esta materia, que se expresa en que en la actualidad un poco
más de 10% de la población del país no tiene acceso al servicio de agua. Junto
con la descentralización, se facultó a los ayuntamientos la concesión del servicio a
agentes privados. La posibilidad de adjudicar dicho servicio a empresas ha sido
fomentada por instituciones federales, en particular por la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y por compañías mexicanas y transnacionales interesadas
en el negocio de la distribución y operación del preciado líquido. El debate sobre el agua potable no sólo debería de ser un ejercicio académico en nuestra región,
sino que tiene implicaciones en términos de las políticas gubernamentales y
de la acción social. En efecto, de fondo hay una disputa entre quienes consideran
que el agua es un bien de dominio público y que le corresponde al Estado el
deber inalienable de su gestión, y la regulación de su uso o aprovechamiento
en función del interés público, y quienes sostienen que un
recurso escaso tiene que ser regulado por las leyes del mercado,
como argumentan empresas y gobiernos neoliberales. También están los grupos
y organizaciones sociales que defienden que el agua potable es un derecho de
la población y, sobre todo, un derecho de las comunidades en
cuyo territorio se extrae o genera el líquido. Esto implica organizarse entre los actores involucrados, tejiendo alianzas más allá del problema local: comunidades rurales y urbanas, trabajadores, organizaciones civiles y sociales.La lógica de operación, distribución y tratamiento del agua de esta comunidad también debería de realizarse en función del ciclo natural de agua y no sólo de donde se extrae. No se puede
manejar por separado el servicio del líquido de una estrategia que incluya la
reforestación, la captación y la reinyección de agua de lluvia al subsuelo, la extracción
sustentable de pozos, el tratamiento de las aguas residuales y su disposición en los
cauces naturales, la protección de ríos y arroyos, etcétera. Por ello, no es posible
reducir las alternativas a solamente el pago de servicios o a políticas
compensatorias para comunidades de origen del agua.
Por último, la responsabilidad del servicio del agua potable está en manos de
los municipios, que pueden representar el eslabón más débil en los procesos de
privatización y exclusión, pero que también son un espacio donde la comunidades
tiene más capacidad de incidir; en ese sentido, espacios de transparencia,
rendición de cuentas y participación ciudadana pueden influir de mejor manera
cuando se acompañan con mayores atribuciones y capacidades para los gobierno
locales y la activa supervisión de las agrupaciones comunitarias.
Garduño Cervantes, Julio (1999), Monografía de Temascalcingo.
León Diez, Fabricio (2006), “Agua”, La Jornada, México.
Levi, Clara (2005), Lo que se dice del agua, Conagua, México.
Olson, Mancur (1992), La lógica de la acción colectiva, Limusa, México.
Ostrom, Elinor (2000), El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, UNAM/FCE, México.
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